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2.Nov.2021 / 12:01 pm / Haga un comentario

Prensa PSUV.- Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), arribó al país este domingo con el fin de desarrollar una visita de trabajo agendada entre lunes y miércoles de esta semana, en respuesta a una invitación formal de la Fiscalía General de la República.

Durante su estancia, Khan, planea poder revisar el funcionamiento de las instituciones del Estado y las dinámicas que les caracteriza para atender desde el marco legítimo de sus funciones, las necesidades de las y los ciudadanos.
La agenda de Khan estará enfocada esencialmente en dos puntos, uno de ellos se orienta a revisar denuncias y estatus de atención por parte del estado venezolano a supuestas violaciones de los derechos humanos, presuntamente cometidas contra ciudadanos en el contexto de las manifestaciones políticas del 2017 y denunciada por gobiernos del llamado ‘Grupo de Lima’.

Recordemos que, en 2017, la oposición extrema promovió acciones violentas de calle conocidas como “guarimbas”, en las cuales 142 personas resultaron lesionadas o perdieron la vida, en la mayoría de los casos por agresiones de los manifestantes en muchos de los casos contratados para generar violencia, o victimizadas en medio de las refriegas sin ser parte de las protestas.

Estas acciones de extrema violencia promovidas por la entonces llamada Mesa de la Unidad Democrática, con el fin de acorralar al gobierno, en su pretensión de hacer dimitir al presidente Constitucional Nicolás Maduro, respondieron a una estrategia fraguada desde los EEUU e impulsada por los países que conforman el grupo de Lima.

El segundo punto se corresponde con un reclamo del Gobierno venezolano vinculado a los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían cometido gobiernos extranjeros contra la población, como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas al país desde el año 2014 y que han generado la merma de casi el 90% del Producto Interno Bruto (PIB), mermando la capacidad de responder a la atención y garantía de derechos, bienes y servicios responsabilidad del Estado, tales como seguridad social, salud, educación y servicios públicos, entre otros.

 

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